El Senado aprobó en febrero de 2026 sus primeras Directrices sobre el uso de la inteligencia artificial (IA), convirtiéndose en una de las primeras cámaras parlamentarias, tanto en España como a nivel internacional, en dotarse de un marco específico para la incorporación de esta tecnología en su actividad institucional.
El documento refleja la creciente relevancia de la IA en el funcionamiento de las instituciones públicas y la necesidad de establecer criterios claros que orienten su utilización. En particular, las directrices ponen de manifiesto la conciencia del Senado acerca de los riesgos asociados al uso de estas herramientas en el ejercicio de sus funciones constitucionales y administrativas.
Al mismo tiempo, el texto evidencia una voluntad decidida de avanzar en la adopción de la inteligencia artificial, desde la convicción de que su uso responsable puede contribuir a mejorar la función parlamentaria y reforzar la calidad de la representación democrática, así como el servicio a la ciudadanía.
Estas cuestiones son analizadas en un artículo de Pablo García Mexía, junto a Manuel Pereira, publicado en Diario LA LEY, en el que se sintetizan los principales objetivos y pautas de este documento pionero, ofreciendo una lectura jurídica sistemática de su alcance e implicaciones.
El análisis subraya cómo estas directrices no solo abordan los desafíos tecnológicos actuales, sino que también sitúan al Senado en la vanguardia del debate sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector público, configurando un posible referente para otras instituciones.
Con esta iniciativa, el Senado se posiciona como una de las primeras instituciones parlamentarias en Europa en establecer un marco específico para el uso de IA, anticipándose a los retos regulatorios que plantea esta tecnología en el ámbito público.